AICM busca equilibrio entre taxis tradicionales y de aplicación con nuevo estacionamiento
La Secretaría de Marina anunció la habilitación de un estacionamiento de corta estancia para taxis de aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un intento por resolver el conflicto entre ambos servicios. El almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Semar, reconoció que los taxis concesionados enfrentan mayores gastos operativos, pero subrayó que ambos tienen derecho a trabajar. La medida busca establecer reglas claras, prohibiendo a las plataformas recoger pasajeros directamente en las terminales, mientras se ofrecen alternativas para la elección del usuario. El anuncio se produce durante un operativo de la Guardia Nacional que ya aplica multas y remolques a conductores que infrinjan la normativa federal.
Un conflicto que demanda soluciones de fondo
La tensión entre los servicios de taxi tradicional y las plataformas digitales en el principal aeropuerto del país ha escalado a un punto que requiere intervención y regulación específica. El anuncio de la creación de un estacionamiento especial no es una medida aislada, sino parte de una búsqueda de equilibrio en un espacio donde la competencia se ha traducido en fricción constante. Las autoridades federales, a través de la Secretaría de Marina, asumen ahora un papel mediador, intentando conciliar dos modelos de negocio que operan bajo reglas y costos distintos.
La disparidad económica como raíz del problema
El almirante Raymundo Pedro Morales puso el dedo en la llaga al señalar la diferencia fundamental en la estructura de costos. Los taxis concesionados, sujetos a permisos y regulaciones específicas para operar dentro del aeropuerto, cargan con gastos que los conductores por aplicación no enfrentan en la misma medida. Esta asimetría ha sido fuente constante de quejas por parte del gremio tradicional, que se siente en desventaja. Sin embargo, el titular de la Semar fue claro al afirmar que el derecho a trabajar es igual para ambos, lo que obliga a la autoridad a diseñar un esquema que, sin eliminar la competencia, nivele el campo de acción.
La nueva logística: prohibición en terminales pero acceso regulado
El modelo propuesto establece una regla clara: los taxis de aplicación no podrán realizar recogidas en las puertas de las terminales. En su lugar, se les asignará un predio, originalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional y ubicado fuera de la zona federal, que funcionará como estacionamiento de corta estancia. Desde allí, los usuarios que así lo elijan podrán acceder a estos servicios. Esta solución busca descongestionar las áreas de llegada, mantener el orden y, al mismo tiempo, no eliminar la opción para los pasajeros que prefieren las plataformas digitales por considerarlas más económicas o convenientes.
La voz de los usuarios y la aplicación de la ley
Mientras se implementa la solución de fondo, la realidad en el terreno muestra la persistente demanda. Usuarios como Raúl Téllez, recién llegado de Costa Rica, o Gabriel, proveniente de Michoacán, expresan su preferencia por los servicios de aplicación, citando el menor costo y el derecho a elegir. Paralelamente, el operativo de la Guardia Nacional continúa. Elementos como el sargento segundo Irving Rivera detallan el procedimiento: tras una amonestación verbal, se procede a multar y remolcar el vehículo de quienes reincidan en recoger pasaje dentro del área federal, una jurisdicción que trasciende lo local.
Un camino hacia la coexistencia regulada
El conflicto en el AICM es un microcosmos de un desafío mayor de movilidad urbana. La postura del gobierno, expresada también por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confió en que se encontraría una solución, apunta hacia una regulación que permita la coexistencia. No se trata de eliminar a un actor en favor del otro, sino de establecer reglas del juego claras y equitativas. El éxito de esta medida dependerá de su implementación práctica, de que efectivamente ofrezca una alternativa funcional a los usuarios y de que logre disipar los ánimos entre los dos sectores, ambos legítimos en su derecho a ofrecer un servicio público de transporte.
Con información de El Informador
