Ampliación del registro para la Pensión Discapacidad: un paso hacia la inclusión social
El Gobierno de México ha iniciado un nuevo periodo de incorporación para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, dirigido a hombres y mujeres de 30 a 64 años. El registro presencial se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo de 2026 en módulos distribuidos en todos los municipios del país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. El apoyo económico consiste en 3,300 pesos bimestrales, depositados en la Tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo, la cobertura no es uniforme: mientras 24 estados ofrecen la pensión de manera universal para personas de 0 a 64 años, en ocho entidades federativas el registro para el grupo de 30 a 64 años aún no está disponible debido a la falta de convenios de universalización.
Un esfuerzo por ampliar la red de protección social
La Secretaría de Bienestar, bajo la titularidad de Ariadna Montiel Reyes, ha puesto en marcha una nueva ventana de registro para uno de sus programas sociales emblemáticos. Esta iniciativa busca extender el alcance de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, un apoyo económico concebido como un derecho constitucional. La estrategia se centra en facilitar el acceso mediante un proceso presencial de una semana de duración, desplegando infraestructura en todo el territorio nacional para acercar el trámite a los potenciales beneficiarios.
El mapa desigual de la cobertura
Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la disparidad en su aplicación a nivel estatal. En 24 entidades federativas, el programa opera bajo un esquema de universalización, lo que significa que todas las personas con discapacidad permanente, desde los 0 hasta los 64 años de edad, pueden solicitar incorporarse si cumplen los requisitos. No obstante, en ocho estados la cobertura sigue siendo limitada. Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro no han firmado los convenios correspondientes, por lo que el registro permanece restringido, enfocándose principalmente en la población infantil y juvenil con discapacidad, excluyendo temporalmente al grupo de 30 a 64 años.
Logística y requisitos para el registro
El mecanismo establecido por las autoridades exige que los interesados acudan personalmente a los módulos habilitados en su municipio. Para localizar el punto de atención más cercano, la Secretaría de Bienestar ha dispuesto una plataforma digital en su portal oficial. Los solicitantes deben seleccionar su estado y municipio para obtener la dirección precisa. Es fundamental presentar la documentación completa en original y copia, la cual incluye acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio reciente y un certificado médico que acredite la discapacidad permanente. Las autoridades han sido enfáticas en señalar que el trámite es completamente gratuito y han advertido contra cualquier intento de intermediación o cobro indebido.
El impacto económico del apoyo
El programa representa un ingreso fijo para sus beneficiarios, con un monto de 3,300 pesos que se entrega cada dos meses a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar. Anualmente, esto puede significar hasta 19,800 pesos de apoyo directo, dependiendo de la permanencia en el programa. Este recurso está destinado a mejorar las condiciones de vida de un sector de la población que a menudo enfrenta mayores barreras económicas y sociales. La ampliación del registro es, por tanto, una acción concreta que busca traducir un marco legal de derechos en un beneficio tangible para miles de familias.
Un proceso en evolución
La actual ventana de registro del 23 al 29 de marzo de 2026 evidencia un esfuerzo por sistematizar y masificar el acceso a este derecho. La decisión de realizar un periodo concentrado y presencial pretende dar certidumbre y orden al proceso. Sin embargo, la exclusión temporal de ocho estados del esquema para adultos de 30 a 64 años subraya los desafíos pendientes en la coordinación intergubernamental y la homogeneización de los derechos sociales en el país. El éxito de esta fase de incorporación podría sentar las bases para futuras ampliaciones y para la firma de los convenios pendientes, avanzando hacia una cobertura verdaderamente nacional.
Con información de El Heraldo de México
