El AICM inicia operativo contra taxis de plataforma, reavivando un conflicto legal y social
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) inició este 12 de marzo un operativo, ejecutado por la Guardia Nacional, para impedir que los servicios de transporte basados en plataformas digitales realicen recogidas o dejadas dentro de sus instalaciones. Las autoridades aeroportuarias, bajo la administración del Grupo Aeroportuario Marina, justifican la medida como un reforzamiento de las acciones contra el transporte irregular para garantizar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, la acción ha generado preocupación entre conductores y empresas tecnológicas, quienes advierten sobre posibles detenciones arbitrarias y señalan que existen resoluciones judiciales previas, como un amparo obtenido en 2023, que protegen su operación. El conflicto subyacente enfrenta a los taxis concesionados del aeropuerto, agrupados en 'Nueva Imagen', que denuncian competencia desleal, contra la movilidad digital, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre legal y operativa.
Un conflicto recurrente en la puerta de entrada aérea
La escena en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se repite. Este 12 de marzo, la implementación de un nuevo operativo por parte de la Guardia Nacional, destinado a bloquear la entrada y salida de taxis vinculados a aplicaciones digitales, reaviva una disputa que parecía haber encontrado un cauce legal años atrás. La medida, anunciada por el Grupo Aeroportuario Marina, busca, según su comunicado oficial, inhibir los servicios de transporte terrestre considerados irregulares. Este marco de acción, presentado como una coordinación interinstitucional en apego a la legalidad, choca frontalmente con la realidad de miles de conductores y usuarios que dependen de estos servicios para su movilidad.
La justificación oficial frente a los derechos judiciales
La narrativa de las autoridades aeroportuarias se centra en la seguridad de las personas usuarias y en el combate a la operación no autorizada. Sin embargo, esta postura omite deliberadamente un antecedente crucial: en 2023, una situación prácticamente idéntica llevó a la desaparición temporal de estos servicios del AICM, hasta que una resolución judicial intervino. Un amparo, confirmado posteriormente por una jueza que ordenó a la Guardia Nacional respetar una suspensión definitiva, reafirmó en teoría el derecho de los conductores de plataformas a transitar y operar dentro de los aeropuertos del país. Este historial legal convierte el nuevo operativo no solo en una medida de control, sino en un potencial desafío al estado de derecho y a las resoluciones de los tribunales.
La presión del gremio tradicional y la sombra de la competencia
El trasfondo económico del conflicto es innegable. La presión ejercida por los taxis concesionados del aeropuerto, organizados bajo el nombre 'Nueva Imagen', ha sido un factor constante. Este grupo ha llegado a amenazar con bloquear los accesos a las terminales del AICM, exigiendo la prohibición total de las aplicaciones de transporte dentro del recinto. Su argumento principal es la competencia desleal, alegando que los servicios digitales operan sin cumplir con los mismos requisitos y concesiones que ellos. Este choque entre un modelo de transporte tradicional, concesionado y regulado de forma específica para el aeropuerto, y el modelo disruptivo de las plataformas, define la tensión que subyace a los operativos de seguridad.
Incertidumbre legal y el camino hacia los tribunales
La situación actual genera un limbo de incertidumbre para todos los actores involucrados: conductores de plataformas que temen detenciones arbitrarias, usuarios que ven limitadas sus opciones de movilidad, y las propias empresas tecnológicas que insisten en la vigencia de las protecciones judiciales. El escenario más probable, tal como ocurrió en el pasado, es que el conflicto se traslade nuevamente a los tribunales. El operativo del AICM y la Guardia Nacional podría ser el detonante de un nuevo proceso legal que defina, una vez más, los límites de la regulación, la competencia económica y el derecho al trabajo en el espacio aeroportuario. Mientras tanto, la medida pone en evidencia las dificultades para encontrar un equilibrio regulatorio que concilie la innovación en movilidad, la seguridad operativa del aeropuerto y los intereses de los actores económicos tradicionales.
Con información de El Informador
