El INAPAM facilita el acceso laboral formal de adultos mayores con derecho a utilidades
El programa Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores busca conectar a personas de más de 60 años con empleos formales que incluyan prestaciones de ley, entre ellas el reparto de utilidades. Esta iniciativa no otorga directamente el beneficio económico, sino que promueve la contratación bajo esquemas que garantizan derechos laborales. Para tener derecho a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, los adultos mayores deben haber laborado al menos 60 días en el año fiscal y estar registrados formalmente. El pago corresponde a las empresas, que deben distribuir el 10% de sus ganancias, con fechas límite que se extienden hasta junio de 2026 para algunos contribuyentes.
Un puente hacia la independencia económica en la tercera edad
La búsqueda de autonomía financiera no tiene fecha de caducidad. Reconociendo esta realidad, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ha implementado una estrategia que trasciende la asistencia social tradicional. Su programa Vinculación Productiva opera como un intermediario especializado, enfocado en derribar las barreras que históricamente han alejado a las personas mayores del mercado laboral formal. La iniciativa no se limita a la colocación; incluye componentes de capacitación y asesoría, preparando a los candidatos para los entornos de trabajo contemporáneos y sensibilizando a las empresas sobre el valor de esta fuerza laboral.
El derecho constitucional que se activa con la formalidad
La piedra angular de los beneficios a los que pueden acceder los participantes es la formalidad en la contratación. Al ser empleados bajo los términos de la ley, se convierten en titulares de derechos como el aguinaldo, la prima vacacional y, de manera relevante, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Este último no es una concesión graciosa ni un programa gubernamental de apoyo, sino un mandato constitucional que obliga a las empresas a redistribuir una porción de sus ganancias. El mecanismo representa un reconocimiento a la contribución de la mano de obra en la generación de riqueza, aplicable sin distinción de edad.
Condiciones y calendario para el reparto de utilidades
Para que un adulto mayor, o cualquier trabajador, sea sujeto de este reparto, deben cumplirse condiciones específicas establecidas en la ley. La fundamental es haber prestado sus servicios durante un mínimo de 60 días dentro del año fiscal que se evalúa. La exclusión aplica para cargos directivos de alto nivel, como gerentes generales y administradores. El cálculo del monto a recibir por cada persona es un proceso de dos vertientes: la mitad se determina en proporción a los días trabajados y la otra mitad en relación con el salario devengado en ese periodo. Este sistema busca balancear la permanencia con la remuneración.
Los plazos que marcan la agenda de las empresas
La dispersión de estos recursos tiene fechas límite ineludibles para los patrones, las cuales varían según su régimen fiscal. Para las empresas constituidas como personas morales, la fecha tope para realizar el pago a sus trabajadores es el 30 de mayo de cada año. En cambio, para aquellos contribuyentes que son personas físicas con actividad empresarial, el plazo se extiende hasta el 29 de junio. Estas fechas aplican para la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal anterior, lo que significa que los pagos correspondientes a 2025 deberán efectuarse, a más tardar, en mayo o junio de 2026, según el caso.
Más allá del beneficio inmediato: impacto social y económico
La relevancia del programa Vinculación Productiva y del acceso a prestaciones como el PTU va más allá del ingreso extra para un individuo. Se trata de un cambio de paradigma en la percepción social de la vejez, promoviendo la idea de una población mayor activa, productiva y con derechos plenos. Económicamente, inyecta recursos directamente a un sector que a menudo depende de pensiones mínimas o apoyos familiares, mejorando su capacidad de consumo y su calidad de vida. Para el Estado, fomentar la contratación formal en este grupo representa una mayor base de cotizantes a la seguridad social y un paso hacia la reducción de la vulnerabilidad económica en la tercera edad.
Con información de El Informador
