El Senado aprueba límite constitucional a las pensiones doradas de exfuncionarios
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que establece un tope a las pensiones de exfuncionarios de organismos públicos, conocidas como 'pensiones doradas'. La modificación al artículo 127 fija que ninguna pensión podrá superar el 50% del salario de la Presidenta de la República, lo que con el sueldo actual establecería un límite cercano a los 70 mil pesos mensuales. La Secretaría Anticorrupción había revelado previamente casos de percepciones que superaban incluso el millón de pesos, identificando a figuras como el exsecretario de Hacienda José Ángel Gurría, quien recibe una pensión mensual de Nafin. La reforma, aún pendiente de la Cámara de Diputados, es retroactiva y se aplicaría a entidades como Pemex, CFE y bancos de desarrollo, pero no incluye a exsecretarios de Estado ni al sector militar.
Un ejercicio de transparencia sin precedentes
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley General de Transparencia, hizo pública una lista de personas jubiladas y pensionadas en diversas instituciones del Estado, con los montos que perciben. Este acto, calificado como un ejercicio sin precedentes, surgió tras un análisis presentado en la conferencia matutina del 18 de febrero de 2026, donde se identificaron percepciones 'exorbitantes' que superaban ampliamente el salario de la Presidenta de la República. La información, con corte al 31 de diciembre de 2025, fue publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, evidenciando diferencias en el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas por parte de las instituciones.
Los nombres detrás de las cifras millonarias
Entre los casos revelados destaca el de José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda durante el sexenio de Ernesto Zedillo y exdirector general de la OCDE, quien recibe una pensión mensual de 120,685.53 pesos por parte de Nacional Financiera (Nafin). Otro nombre mencionado es el de Óscar Espinosa Villarreal, exjefe del Departamento del Distrito Federal, con una pensión de 33,400.32 pesos. La lista abarca extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, así como de bancos de desarrollo como Bancomext y Banrural, donde se identificaron percepciones que en algunos casos alcanzaban el millón de pesos mensuales.
La respuesta legislativa: una reforma constitucional
Como respuesta a esta revelación, el pleno del Senado aprobó por unanimidad, con más de 110 votos a favor, una reforma al artículo 127 de la Constitución. El dictamen, impulsado por el Gobierno federal, establece que ninguna pensión de servidores públicos podrá superar el 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal. Con el sueldo vigente, este límite se situaría alrededor de los 70 mil pesos mensuales. La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado previamente esta iniciativa con el objetivo declarado de eliminar privilegios y redirigir recursos hacia programas sociales.
Alcances y límites de la medida aprobada
La reforma constitucional aprobada por el Senado es retroactiva, lo que significa que afectará a los pensionados que actualmente reciben montos superiores al nuevo tope. Sin embargo, su alcance tiene limitaciones significativas. La medida se dirige principalmente a pensiones otorgadas en organismos y empresas paraestatales, como Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro. De manera explícita, no incluye la terminación de estos privilegios para los exfuncionarios de las secretarías de Estado ni para los integrantes de las fuerzas armadas, un punto que ha generado debate sobre la integralidad de la reforma.
El camino pendiente en la Cámara de Diputados
El dictamen aprobado en el Senado fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. Su aprobación final en esta cámara es el siguiente paso necesario para que la reforma constitucional entre en vigor. El Gobierno federal ha argumentado que esta medida busca no solo eliminar privilegios dentro de la burocracia y reducir gastos públicos, sino también liberar recursos para otros fines. La discusión en el Senado destacó la existencia de jubilaciones en el sector público muy superiores al promedio nacional, un contraste que la reforma intenta corregir en un segmento específico de la administración pública.
Con información de El Informador
