Estrategia federal convoca a 61 municipios a combinar seguridad y desarrollo social

El gobierno federal ha convocado a autoridades de 61 municipios con altos índices delictivos para implementar una estrategia integral que combine programas sociales, acciones educativas y obras de infraestructura con el objetivo de reducir la violencia. La iniciativa, coordinada por la presidencia, involucra a 17 dependencias federales y contempla recursos extraordinarios adicionales a los programas ya existentes. Según información preliminar, la evaluación de estos esfuerzos está programada para finales de 2026. Alcaldes de diversos municipios han respaldado el enfoque y reportado avances locales en materia de seguridad durante un encuentro reciente.

Un enfoque multidimensional para municipios prioritarios

La administración federal ha puesto en marcha una estrategia dirigida específicamente a 61 municipios identificados por sus altos niveles de violencia. El plan trasciende el enfoque puramente policial y se centra en atender las causas estructurales de la inseguridad. La convocatoria, realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca establecer una colaboración tripartita entre los gobiernos federal, estatal y municipal, marcando un intento por coordinar esfuerzos que históricamente han operado de manera fragmentada.

Pilares de la intervención: infraestructura, educación y cohesión social

El núcleo de la estrategia descansa en tres ejes principales. El primero es la infraestructura, con proyectos que incluyen el mejoramiento del alumbrado público y el desarrollo urbano. El segundo eje es educativo, con la construcción de preparatorias como una medida para retener a los jóvenes en el sistema formal. El tercer pilar es la recuperación del tejido social, mediante la habilitación de espacios deportivos y culturales, junto con la implementación de programas sociales dirigidos a grupos vulnerables. Según Raúl Armando Quintero Martínez, director del Inafed, el objetivo final es reducir tanto los delitos como la percepción de inseguridad.

Reportes locales: experiencias y reducciones en cifras

Durante el encuentro convocado por la federación, varios alcaldes compartieron sus experiencias y avances. Andrés Mijes, de General Escobedo, informó de una inversión local cercana a los 4 mil millones de pesos en seguridad pública, con un modelo de policía de proximidad. Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, reportó una reducción del 37% en la incidencia delictiva, incluyendo homicidios. Desde la frontera norte, el edil de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, indicó una disminución de alrededor del 40% en los índices de violencia, atribuyéndolo al fortalecimiento de estrategias locales.

Coordinación operativa y el camino hacia 2026

La estrategia plantea un esquema de coordinación inédito en su alcance, involucrando a 17 dependencias federales. En el Estado de México, por ejemplo, Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, detalló que en los 15 municipios más conflictivos de la entidad la coordinación está encabezada por un general de la Secretaría de la Defensa Nacional. La participación de autoridades como la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien destacó la importancia del trabajo conjunto, subraya el carácter nacional del reto. Los recursos extraordinarios anunciados serán sometidos a evaluación hacia finales de 2026, estableciendo un horizonte claro para medir los resultados de esta política integral.

Contexto y desafíos persistentes

Esta iniciativa se desarrolla en un contexto nacional complejo, donde la seguridad sigue siendo una demanda ciudadana primordial. La reunión contó con la presencia de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del anterior edil asesinado en noviembre del año pasado, un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan las autoridades locales. El éxito de la estrategia dependerá no solo de la inyección de recursos, sino de la capacidad para sostener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de traducir las inversiones en infraestructura y programas sociales en una mejora tangible y duradera de la seguridad pública para los ciudadanos.

Con información de El Informador