La expansión silenciosa del CJNG en la frontera sur y su dominio territorial
Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) consolidó una presencia estratégica en la frontera entre Chiapas y Guatemala a través de su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG). Este grupo, junto a su brazo armado 'Maíz', ejerció un control férreo sobre un corredor clandestino de 5.5 kilómetros entre Santa Teresa Llano Grande y Guailá, imponiendo un régimen de extorsión y violencia que desplazó a cientos de habitantes y paralizó la actividad económica local. La captura de operativos clave y las acciones de las fuerzas federales tras un cambio de gobierno estatal han alterado el panorama, aunque la información preliminar sugiere que la organización criminal mantiene capacidad operativa en la región, librando una batalla por las rutas de narcotráfico, armas y migrantes.
La toma estratégica de un corredor fronterizo
La frontera sur de México ha sido escenario de una transformación violenta en los últimos años. Aprovechando disputas internas en grupos rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', extendió su influencia desde Jalisco hasta el corazón de la Sierra Madre de Chiapas. El punto de inflexión ocurrió en 2020, cuando el CJNG, operando a través de su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), tomó el control absoluto de un corredor estratégico de cinco poblados a lo largo de 5.5 kilómetros en el límite internacional. Este corredor, que incluye las localidades de El Jocote, El Sabinalito, 20 de Mayo y Santa Teresa Llano Grande, se convirtió en una arteria vital para el crimen organizado, sustituyendo el dominio que previamente ejercían otros grupos como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa en la zona.
Un modelo de control: extorsión, migración y terror
El dominio del CJNG-CCyG se materializó en un sistema económico basado en la extorsión generalizada y el control de flujos ilícitos. Por el cruce clandestino de Santa Teresa Llano Grande transitaban diariamente entre mil y mil quinientos vehículos, incluyendo tráileres con mercancías diversas. El 'derecho de piso' se impuso de forma sistemática: desde cuotas de 50 a 500 pesos para abarrotes y ropa usada, hasta pagos que superaban los 20 mil pesos por camiones con motocicletas nuevas o piezas automotrices. Este modelo se replicó en la cabecera municipal de Frontera Comalapa, donde propietarios de negocios formales como ferreterías, supermercados y hoteles estaban obligados a pagar 20 mil pesos, mientras que transportistas y pequeños comerciantes debían entregar mil pesos. La organización no solo cobraba, sino que también reclutaba forzosamente a la población para realizar bloqueos carreteros y acciones de contención contra las fuerzas de seguridad.
El impacto humanitario y la fractura social
La brutalidad del brazo armado del cártel, conocido como 'Maíz' o 'Mano Izquierda', provocó una crisis humanitaria silenciosa. Cientos de habitantes de Frontera Comalapa y comunidades aledañas huyeron de sus hogares, atemorizados por secuestros, ejecuciones y un control tan absoluto que llegó a prohibir actividades tan básicas como transportar pan desde municipios vecinos. El caso del exalcalde Irán Mérida Matamoros, secuestrado en diciembre de 2023, ilustra el clima de zozobra. En un video difundido por sus captores, Mérida señaló a los operadores locales del cártel y describió una vida comunitaria sometida al miedo. El flujo comercial y social transfronterizo se colapsó; los guatemaltecos de municipios cercanos dejaron de cruzar por temor a ser secuestrados, como ocurrió con un grupo de diez vendedores de aves de corral en noviembre de 2023, cuyo paradero final se desconoce.
La respuesta estatal y la persistencia de la amenaza
Con el cambio de gobierno en Chiapas, se inició una ofensiva que resultó en la detención de bases de apoyo, líderes comunitarios y sicarios del CJNG en Frontera Comalapa. Operativos clave como Roger Irabier Roblero López, alias 'El Peque', fueron capturados, mientras que otros, como Baldemar Calderón Carrillo, 'Tío Balde', fueron abatidos. Sin embargo, estas acciones no han significado la erradicación del grupo. Informes de seguridad indican que muchos integrantes simplemente se replegaron a otros municipios o se internaron en Guatemala, manteniendo la capacidad operativa. Una revelación reciente sugiere la profundidad de la infiltración: la policía de élite estatal, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), habría aparecido en la nómina de gastos del CJNG, que destina cerca de dos millones de pesos semanales a su operación en el sur de Chiapas. Esta información, de ser confirmada, subraya los complejos desafíos para desmantelar las redes de un cártel que ha demostrado una habilidad notable para corromper instituciones y adaptarse a las presiones de las fuerzas de seguridad.
Con información de El Informador
