La justicia pendiente: cuando el sistema legal protege al agresor tras una sentencia
La sentencia de 50 años de prisión por feminicidio contra Diego Urik Mañón Melgoza, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2025, no ha significado el fin de la batalla legal para la familia de Jessica González Villaseñor. Su madre, Verónica Villaseñor Ferreyra, denuncia que el condenado aún conserva la posibilidad de interponer un recurso de amparo, un derecho legal que podría extenderse hasta por ocho años. Esta situación, según la afectada, evidencia las profundas fallas de un sistema judicial que, tras un largo proceso iniciado en 2020, sigue otorgando oportunidades procesales al victimario, generando una revictimización constante y cuestionando la efectividad de la pena máxima.
Una sentencia confirmada, pero no definitiva
El recorrido judicial del caso del feminicidio de Jessica González ha estado marcado por vaivenes que reflejan las tensiones dentro del sistema penal mexicano. Tras una condena inicial de 50 años, un tribunal de Michoacán redujo la pena a 42 años y seis meses, aplicando atenuantes como la edad del sentenciado al momento del crimen, que era de 18 años, y el principio de reinserción social. Sin embargo, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2025 revocó por unanimidad esa reducción. Las ministras argumentaron que la gravedad extrema del delito de feminicidio debe prevalecer sobre cualquier beneficio atenuante, restableciendo así la pena máxima.
El amparo: la sombra legal que persiste
Pese a este fallo contundente del máximo tribunal, el proceso no está cerrado. La madre de la víctima ha señalado públicamente que el sentenciado conserva el derecho a interponer un recurso de amparo, un mecanismo de defensa constitucional que, según su declaración, podría ejercer en un plazo de hasta ocho años. Esta posibilidad legal mantiene a la familia en un estado de alerta perpetua, obligándola a prepararse con equipos de abogados para contrarrestar cualquier intento de reducir la condena. Para Verónica Villaseñor, esta puerta abierta simboliza cómo el sistema está diseñado para priorizar los derechos procesales del agresor, incluso después de un juicio y una sentencia firme de la Corte.
La denuncia de un sistema "fallido y podrido"
Las declaraciones de Verónica Villaseñor trascienden la queja particular para convertirse en una crítica estructural. Ella ha calificado al sistema judicial como "fallido" y "podrido", afirmando que su existencia parece favorecer a los criminales, permitiéndoles evadir la responsabilidad total de sus actos. Su lucha, iniciada en 2020, ya no es solo por la justicia para su hija, sino que se ha erigido en un estandarte social que pone sobre la mesa las irregularidades y los beneficios legales que, en su opinión, plagan el proceso. Señala una contradicción fundamental: un sistema que habla de justicia pero que, desde su experiencia, no la ha materializado, robándole, en sus palabras, años de vida a sus hijos.
El precedente de la SCJN y la lucha que continúa
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un precedente crucial al priorizar la gravedad del feminicidio sobre el derecho a la reinserción social como atenuante. Esta decisión unánime instruyó a los tribunales de Michoacán a emitir una nueva resolución que respetara los principios constitucionales de proporcionalidad, dejando sin efecto la pena reducida. No obstante, este importante triunfo jurídico se ve empañado por la persistente posibilidad del amparo. La familia se mantiene en pie de lucha, consciente de que el camino no ha terminado y de que cada recurso legal disponible para el sentenciado representa un nuevo obstáculo en su búsqueda de un cierre definitivo y de una justicia que no admita retrocesos.
El costo humano de la batalla legal
Más allá de los tecnicismos jurídicos, el caso revela el profundo desgaste emocional y vital que implica para las víctimas indirectas navegar por un sistema percibido como adverso. Verónica Villaseñor ha expresado el dolor y la frustración de enfrentarse no solo al agresor y su familia, sino a un aparato judicial que, en su percepción, está "mal educado". Su testimonio subraya cómo la prolongación indefinida de los procesos, con recursos que se extienden por años, impide cualquier forma de duelo o paz, transformando la búsqueda de justicia en una carga perpetua. Esta experiencia personal se convierte en un reflejo de las fallas sistémicas que afectan a numerosas familias en situaciones similares.
Con información de El Heraldo de México
