La reforma electoral de Sheinbaum prioriza la austeridad selectiva y preserva el financiamiento partidista
La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Plan B de reforma electoral, una iniciativa que combina cambios constitucionales y legales tras el rechazo de su propuesta original. El eje declarado es la austeridad, con recortes presupuestales a Congresos estatales, reducción de regidores municipales y topes salariales para funcionarios electorales, quienes no podrán ganar más que la mandataria. Sin embargo, el punto más polémico es la omisión: el financiamiento público a los partidos políticos, que asciende a 7,600 millones de pesos en 2026, se mantiene intacto. La propuesta también modifica el mecanismo de revocación de mandato, permitiendo su realización en 2027 o 2028 y que el titular del Ejecutivo promueva el voto durante el proceso. El oficialismo busca su aprobación antes de abril, mientras opositores la califican como un intento de concentrar poder.
El núcleo de la propuesta: austeridad con excepciones notables
El denominado Plan B de reforma electoral presentado por el gobierno federal tiene como principio rector la reducción del gasto público en procesos e instituciones democráticas. Entre sus medidas concretas se establece un tope presupuestal del 0.70% del gasto anual estatal para los Congresos locales, una medida que busca generar ahorros estimados en cuatro mil millones de pesos anuales, fondos que, según la iniciativa, se destinarían a infraestructura. En el ámbito municipal, se propone reducir el número de regidores en los ayuntamientos, limitándolos a un máximo de quince ediles, frente a la configuración anterior que permitía hasta siete.
El blindaje al financiamiento partidista: la omisión estratégica
Mientras se aplican recortes a legislaturas y gobiernos locales, la iniciativa evita cualquier reducción al financiamiento público de los partidos políticos, que para el presente año asciende a siete mil seiscientos millones de pesos. La propuesta solo introduce topes salariales para directivos partidistas y mecanismos de mayor control en la rendición de cuentas, manteniendo intacto el monto global de recursos. Esta decisión ya había generado fricciones previas dentro de la coalición oficialista, donde Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, frenaron intentos de recortes más profundos. Durante su conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum descartó someter este tema a consulta ciudadana.
Reconfiguración institucional y cambios procesales
La reforma impacta directamente a los órganos electorales. Plantea limitar los salarios de consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los Tribunales Electorales, estableciendo que sus remuneraciones no podrán superar el sueldo de la Presidenta de la República. Además, se eliminan bonos, seguros de gastos médicos y otros ingresos adicionales en estos organismos. En el ámbito procesal, se modifica el artículo 104 para que el inicio de los cómputos en elecciones federales comience al concluir la jornada electoral. Otro cambio significativo es la reformulación del mecanismo de revocación de mandato, que podrá llevarse a cabo en el tercer o cuarto año de gobierno (2027 o 2028) y permitirá expresamente que la persona titular del Ejecutivo promueva el voto a su favor durante el proceso.
La carrera contra el tiempo y el debate político
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, defendió la iniciativa, negando que sea una propuesta "descafeinada", aunque reconoció que el plan original rechazado era más robusto. Aseguró que el contenido de aquella primera reforma sigue siendo una exigencia ciudadana y no descartó que se presente nuevamente en 2027. En el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, aseguró que no se dispensarán trámites ni habrá fast track, pero confió en que el dictamen pueda ser aprobado antes del periodo de vacaciones de Semana Santa y Pascua, es decir, antes de abril.
Críticas y advertencias desde la oposición y la academia
La iniciativa ha generado un rechazo frontal desde diversos frentes. Ex consejeros electorales y dirigentes opositores han acusado a la propuesta de favorecer a Morena y de buscar la concentración del poder. Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, advirtió que el nuevo mecanismo de revocación de mandato podría ser utilizado con fines electorales. Jesús Zambrano, del PRD, la consideró un intento de debilitar el federalismo. Federico Döring, del PAN, criticó la ausencia de medidas concretas contra la injerencia del crimen organizado en las campañas y adelantó que su partido analiza impugnar la reforma por inconstitucional. Las críticas coinciden en señalar que los recortes son selectivos y que, al preservar el financiamiento de los partidos mientras se recorta a otras instituciones, se debilita el equilibrio democrático.
Con información de El Informador
