La SICT reafirma la prohibición de Uber en aeropuertos y anuncia operativos de la Guardia Nacional
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha desmentido categóricamente las afirmaciones de Uber sobre contar con permisos para operar dentro de las terminales aéreas del país. En respuesta, la dependencia federal anunció que, a partir del 12 de marzo de 2026, la Guardia Nacional iniciará operativos para impedir la prestación de servicios de transporte terrestre no autorizados en estos recintos. La SICT aclaró que un amparo obtenido por la empresa en julio de 2025 solo protege contra detenciones discriminatorias, mas no exime del cumplimiento de la normativa vigente. La situación pone en evidencia un conflicto regulatorio pendiente de resolver.
Un amparo con alcances limitados
La SICT ha precisado los términos de la suspensión definitiva que Uber obtuvo el 15 de julio de 2025 ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito. Según la dependencia, la medida judicial tiene un propósito específico: evitar que las autoridades, particularmente la Guardia Nacional, realicen detenciones discriminatorias dirigidas exclusivamente a vehículos que operan mediante aplicaciones. Este amparo fue interpuesto por la empresa en contra de los operativos de la Guardia Nacional y de diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puertas y Autotransporte Federal. Sin embargo, la secretaría es enfática al señalar que esta resolución no constituye un permiso de operación ni absuelve a las plataformas de cumplir con el marco legal que regula el autotransporte federal.
La contradicción pública y la respuesta institucional
El conflicto se agudizó tras declaraciones públicas de Uber en las que aseguraba contar con la autorización necesaria para prestar servicio en aeropuertos. La SICT salió al paso para desmentir formalmente dichas afirmaciones, estableciendo una postura oficial clara: la plataforma no tiene permiso para brindar servicio dentro de los aeropuertos del país. Esta rectificación pública no solo busca corregir la información, sino que sirve como fundamento para las acciones de fiscalización anunciadas. La respuesta institucional subraya la determinación de aplicar la normativa vigente, independientemente del perfil o el modelo de negocio de los prestadores de servicio.
Operativos de fiscalización: el rol de la Guardia Nacional
Como consecuencia directa de esta situación, la SICT informó que, a partir del 12 de marzo de 2026, la Guardia Nacional pondrá en marcha operativos en las terminales aéreas. El objetivo declarado es evitar la prestación de servicios de transporte terrestre que carezcan de la autorización correspondiente. Estos operativos representan la materialización de la postura regulatoria de la secretaría y marcan un punto de inflexión en la aplicación de la ley en un espacio de alta concurrencia y sensibilidad logística. La medida busca uniformar el criterio de operación dentro de los aeropuertos, espacios donde la regulación del transporte es particularmente estricta por razones de seguridad, orden y competencia.
El trasfondo regulatorio y el futuro de la movilidad
Este episodio trasciende un simple desacuerdo sobre permisos; evidencia la tensión persistente entre modelos de negocio disruptivos y los marcos regulatorios tradicionales. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, contra cuyas disposiciones Uber interpuso el amparo, no fue diseñada contemplando plataformas digitales. El conflicto en los aeropuertos es solo un frente de un debate más amplio sobre cómo integrar estos servicios a la economía formal, garantizando seguridad para los usuarios, condiciones laborales claras y competencia leal con los servicios de transporte tradicionales. La postura firme de la SICT sugiere que cualquier adaptación normativa deberá surgir desde el cumplimiento, no desde la operación al margen de la ley.
Con información de El Informador
