México evalúa límites al acceso de menores a redes sociales para proteger su salud mental
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha iniciado un proceso de consultas para considerar la posibilidad de restringir el acceso de niños y adolescentes a las plataformas digitales. El secretario Mario Delgado señaló que es obligación del Estado determinar los riesgos a los que están expuestos los estudiantes en estos espacios, citando experiencias internacionales como la de Australia, que en diciembre de 2025 vetó el acceso a menores de 16 años. El debate busca generar propuestas de regulación para junio, involucrando a padres, maestros y comunidades, con el fin de promover una cultura digital responsable sin recurrir necesariamente a prohibiciones absolutas.
Un debate global llega a México
La discusión sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores ha traspasado fronteras y ahora ocupa un lugar central en la agenda educativa mexicana. Ante la creciente evidencia de los efectos adversos que estas plataformas pueden tener en el desarrollo emocional y académico de niños y adolescentes, las autoridades han decidido abrir un periodo de reflexión y consulta. Este proceso, que debe concluir en junio con propuestas concretas, no surge en el vacío, sino que se alinea con movimientos regulatorios observados en otras latitudes, donde países como Australia y Francia han tomado medidas audaces.
El modelo australiano como referente
En diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país del mundo en implementar una prohibición general para que menores de 16 años accedan a redes sociales. La ley, que impone multas millonarias a las empresas que no cumplan con tomar "medidas razonables", ha sido presentada como un caso de estudio en foros organizados por la SEP junto con la Unesco. Representantes australianos aseguran que la restricción ha mejorado el clima escolar, reducido el ciberacoso y aumentado la concentración de los estudiantes. Si bien el secretario Delgado expresó una preferencia personal por este enfoque, aclaró que la posición institucional se limita a facilitar el debate, sin prejuzgar su resultado.
La responsabilidad del Estado frente a la autorregulación de las plataformas
Uno de los ejes centrales de la argumentación oficial es la insuficiencia percibida de las medidas de autorregulación implementadas por las grandes empresas tecnológicas. Mario Delgado cuestionó la efectividad real de los controles que plataformas como TikTok y Meta (matriz de Facebook e Instagram) dicen aplicar. Aunque estas compañías establecen edades mínimas de 13 años y despliegan configuraciones de seguridad para cuentas adolescentes, el secretario señaló que sus incentivos comerciales, basados en la retención de usuarios y la generación de seguidores, pueden entrar en conflicto con el bienestar de los menores. El Estado mexicano, en ejercicio de su tutela educativa, considera que debe intervenir para establecer límites donde la autorregulación ha mostrado fallas.
Los riesgos en el entorno digital: más allá del tiempo de pantalla
La preocupación no se circunscribe únicamente al tiempo que los menores pasan en línea, sino a la naturaleza de los contenidos a los que se exponen. Las autoridades educativas han identificado espacios "descontrolados" donde proliferan materiales violentos, pornográficos y se ejerce acoso. Este entorno, según la visión oficial, representa un riesgo significativo para la salud emocional de los estudiantes. La iniciativa busca, por tanto, fomentar una cultura digital "responsable, crítica y consciente", que empodere a los usuarios más jóvenes y a sus familias, en lugar de depender exclusivamente de barreras tecnológicas o prohibiciones.
Un proceso deliberativo desde las bases
Un aspecto distintivo del enfoque mexicano es su carácter consultivo y ascendente. El secretario Delgado enfatizó que cualquier límite o regulación debe surgir del diálogo con los actores directamente involucrados: padres de familia, comunidades educativas, maestros y los propios adolescentes. La inclusión de las empresas tecnológicas en estas consultas también está contemplada. Este método busca evitar la imposición vertical de medidas y, en cambio, construir consensos sociales sobre la manera de regular el acceso y uso de las redes. Hasta el momento, la SEP ha descartado considerar un veto a los dispositivos móviles en las escuelas públicas, centrando la discusión en el acceso a las plataformas.
El panorama internacional y el camino a seguir
México se suma a una lista creciente de naciones que evalúan intervenciones regulatorias. Después de Australia, los diputados franceses aprobaron en enero una prohibición para menores de 15 años, pendiente de ratificación senatorial. España, Dinamarca e Indonesia también analizan medidas similares. Este movimiento global refleja una reevaluación de la relación entre la infancia y el mundo digital. El proceso mexicano, que se desarrollará en los próximos meses, tendrá la tarea de traducir estas preocupaciones internacionales y las experiencias locales en un marco normativo propio, balanceando la protección de los menores con otros derechos y realidades sociales.
Con información de El Informador
