Morelos intensifica su cruzada ambiental con multas severas por el uso de plásticos
El estado de Morelos ha activado un riguroso mecanismo de sanciones para hacer cumplir su Ley de Residuos Sólidos y de Economía Circular, que prohíbe los plásticos de un solo uso. Las multas, calculadas en base al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pueden alcanzar cifras exorbitantes para comercios establecidos, con un rango que va desde los 586,550 hasta los 2,932,750 pesos, mientras que para comerciantes ambulantes y pequeños establecimientos las sanciones oscilan entre 11,731 y 117,310 pesos. La normativa, vigente y aplicable desde febrero de 2026, establece que el monto de la infracción puede incrementarse por cada día que persista la violación después de un plazo de subsanación concedido por la autoridad. Esta acción representa uno de los regímenes sancionadores más estrictos del país en materia de prohibición de plásticos.
Un marco legal con dientes: la base de las sanciones
La acción coercitiva del gobierno de Morelos se sustenta en la Ley de Residuos Sólidos y de Economía Circular para el Estado, específicamente en sus artículos 22, 23 y 97. Esta legislación prohíbe de manera taxativa la distribución, ya sea gratuita o mediante venta, de una amplia gama de productos plásticos no biodegradables. La lista incluye bolsas, popotes, vasos, platos, cubiertos y todo tipo de envases fabricados con materiales derivados del petróleo, como el unicel. La ley solo da cabida a recipientes y bolsas reutilizables elaborados con materiales alternativos, los cuales deben cumplir con especificaciones determinadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y los ayuntamientos.
La escala de las multas: una sanción proporcional al tipo de negocio
El artículo 98 de la citada ley detalla un sistema de sanciones escalonado y severo. Para comercios mercantiles y comerciantes en vía pública, la multa se calcula entre 100 y 1,000 veces el valor diario de la UMA. Con el valor de la UMA establecido en 117.31 pesos desde el 1 de febrero de 2026, esto se traduce en un rango económico que va de 11,731 a 117,310 pesos. En contraste, para establecimientos de mayor tamaño e impacto, como comercios de mayoreo, supermercados, tiendas departamentales, de autoservicio, de conveniencia, restaurantes y farmacias, la ley es notablemente más estricta. Para estos giros, la multa base oscila entre 5,000 y 25,000 veces el valor de la UMA, lo que equivale a sumas que parten de 586,550 pesos y pueden llegar hasta los 2 millones 932 mil 750 pesos.
El factor agravante: multas que crecen con el tiempo
Un elemento clave que dota de mayor fuerza a esta regulación es el mecanismo de incremento por mora. La normativa establece que, una vez impuesta una sanción y concedido un plazo para corregir la infracción, si el comercio no subsana la falta en el tiempo estipulado, la autoridad tiene la facultad de imponer una multa adicional por cada día que transcurra sin acatar el mandato. Esto significa que el costo final de la desobediencia puede multiplicarse rápidamente, transformando una sanción ya de por sí considerable en una carga financiera potencialmente insostenible para el negocio infractor.
El alcance de la prohibición y el camino hacia materiales alternativos
La prohibición no hace distinciones en el modelo de negocio. Afecta por igual a la economía formal e informal, desde el pequeño puesto ambulante hasta la gran cadena comercial. El mensaje de las autoridades es claro: la transición hacia materiales reutilizables y no derivados del petróleo es obligatoria y universal. Esta medida coloca a Morelos a la vanguardia de la aplicación de políticas de economía circular en México, priorizando la reducción en la fuente sobre el manejo posterior de los residuos. La efectividad de esta estrategia dependerá no solo de la rigurosidad en la aplicación de las multas, sino también de la disponibilidad y accesibilidad de alternativas sostenibles para los comerciantes y consumidores.
Un precedente en la lucha contra la contaminación plástica
La implementación de este régimen sancionador en Morelos establece un precedente significativo en el país. Demuestra una voluntad política de llevar las leyes ambientales más allá del papel, dotándolas de mecanismos disuasorios con un impacto económico tangible. Si bien el éxito a largo plazo requerirá de campañas de concientización, apoyo en la transición para los pequeños comerciantes y una vigilancia constante, las cuantiosas multas envían una señal inequívoca sobre la seriedad con la que el estado aborda el problema de los plásticos de un solo uso. El tiempo dirá si esta estrategia coercitiva logra modificar los hábitos de consumo y distribución de manera permanente.
Con información de El Heraldo de México
