Nuevas multas en CDMX: hasta 35 mil pesos por exceder límites de velocidad
La Ciudad de México ha implementado un régimen de sanciones más estricto para infracciones de tránsito, vigente desde octubre de 2025. Las multas, calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), pueden alcanzar los 35,193 pesos para los casos más graves, particularmente para vehículos que transportan sustancias peligrosas y excedan los 30 km/h en zonas delimitadas. Esta medida responde a incidentes previos, como un accidente en Iztapalapa, con el objetivo declarado de mejorar la seguridad vial. Los conductores de autos particulares también enfrentan sanciones proporcionales por exceder los límites establecidos para diferentes vías, que van desde 10 hasta 80 km/h.
Un cambio regulatorio con miras a la seguridad vial
Las calles de la Ciudad de México son escenario de una transformación en la política de movilidad y seguridad. A partir de octubre de 2025, entraron en vigor reformas a los artículos 9, 26 y 27 del Reglamento de Tránsito local, marcando un endurecimiento significativo en el sistema de sanciones. El impulso detrás de esta modificación legislativa se encuentra en eventos trágicos, específicamente un accidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa donde una pipa de gas volcó, provocando una explosión con un alto número de víctimas mortales. Este incidente puso en evidencia los riesgos asociados al transporte de materiales peligrosos y a la velocidad incontrolada en el entorno urbano.
El nuevo esquema de sanciones y su alcance
El núcleo de la reforma establece sanciones que oscilan entre 100 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para el año 2026, el valor de la UMA está fijado en 117.31 pesos. Esta escala convierte la multa máxima potencial en 35,193 pesos, una cifra sin precedentes en el ámbito de las infracciones de tránsito en la capital. El foco inicial de esta medida punitiva se dirige hacia los vehículos de carga que transportan sustancias consideradas peligrosas o tóxicas. Para ellos, no solo se ha elevado el monto de las multas, sino que también se han delimitado horarios de circulación y se ha establecido una velocidad máxima específica de 30 kilómetros por hora en ciertas zonas, buscando minimizar el riesgo de siniestros graves.
Los límites de velocidad para el conductor particular
Aunque las multas más cuantiosas están asociadas a vehículos de carga especializada, el reglamento mantiene un estricto control sobre todos los conductores. Los límites de velocidad en la ciudad están claramente estratificados según el tipo de vía. En los carriles centrales de acceso controlado, la velocidad permitida es de 80 km/h. Las vías primarias tienen un límite de 50 km/h, mientras que en las secundarias se reduce a 40 km/h. Las zonas designadas como de tránsito calmado imponen un máximo de 30 km/h. Áreas de especial vulnerabilidad, como entornos escolares, hospitales y asilos, están limitadas a 20 km/h, y en estacionamientos y vías peatonales la velocidad no debe superar los 10 km/h.
Consecuencias económicas y administrativas para las infracciones
Para los conductores de autos particulares que no respeten estos límites, las sanciones también son considerables. La infracción por exceso de velocidad en cualquiera de estos tipos de vía conlleva una multa que va de 10 a 20 UMA. Traducido a valores monetarios para 2026, esto representa un rango que va desde los 1,173.10 hasta los 2,346.20 pesos. Además del impacto económico directo, las autoridades han señalado que cometer estas infracciones puede acarrear la pérdida de puntos en la licencia de conducir, un sistema implementado para penalizar reincidencias y comportamientos de riesgo. La combinación de multas elevadas y la amenaza a la vigencia de la licencia busca actuar como un disuasivo efectivo contra el exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentes en el ámbito urbano.
El objetivo final: una ciudad con movilidad más segura
La implementación de este marco sancionador más robusto no es un fin en sí mismo, sino un medio dentro de una estrategia integral de seguridad vial. Las reformas al reglamento buscan generar un cambio cultural en la conducción, priorizando la precaución y el respeto a los límites establecidos. Al asignar un costo financiero alto a las conductas de riesgo, se pretende internalizar en los conductores, tanto profesionales como particulares, la gravedad de sus acciones al volante. El caso de Iztapalapa sirvió como un recordatorio trágico de las consecuencias potenciales, y la respuesta legislativa intenta convertir esa lección en una normativa preventiva. El éxito de esta política no se medirá solo por la recaudación por multas, sino por una reducción tangible en la siniestralidad vial en las congestionadas calles de la Ciudad de México.
Con información de El Heraldo de México
