Plan B de Sheinbaum avanza en el Senado con reforma municipal y ajuste a revocación
La iniciativa de reforma constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, denominada Plan B, ha sido turnada a comisiones en el Senado. El proyecto, que busca modificar el artículo 115, tiene como objetivo declarado simplificar la estructura de los gobiernos municipales e implementar medidas contra el nepotismo. Una de sus propuestas centrales es limitar a solo 15 el número de regidores en los más de 2,500 municipios del país. Paralelamente, la iniciativa reforma el artículo 35 para establecer que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que la situaría en 2027 o 2028. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, fue quien ordenó el turno a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
Una reforma constitucional con foco en la austeridad municipal
El Senado de la República ha iniciado el proceso legislativo para analizar una iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Conocida como Plan B, este paquete se centra en dos ejes principales: la austeridad y reorganización de los gobiernos locales, y la modificación del mecanismo de revocación de mandato. El trámite comenzó con el turno de la iniciativa, publicada previamente en la Gaceta Parlamentaria, a las comisiones especializadas, marcando el primer paso formal en su discusión.
Rediseñando la arquitectura de los ayuntamientos
El núcleo de la propuesta radica en una modificación al artículo 115 de la Constitución. El objetivo declarado es aligerar la estructura administrativa municipal y establecer barreras formales contra las prácticas de nepotismo, un tema de larga data en la administración pública local. La medida más concreta y cuantificable presentada hasta el momento es la reducción del cuerpo de regidores. La iniciativa propone un límite máximo de 15 regidores para cada uno de los más de dos mil quinientos municipios en el país, lo que implicaría una reconfiguración significativa de los cabildos en muchas localidades.
Cambios en el calendario de la participación ciudadana
El segundo pilar de la reforma afecta al instrumento de revocación de mandato. La iniciativa plantea una enmienda al artículo 35 constitucional para modificar el momento en que puede llevarse a cabo esta consulta. Según la propuesta, la jornada para la revocación de mandato se realizaría el primer domingo de junio correspondiente al tercer o cuarto año del periodo gubernamental en curso. De aprobarse bajo los tiempos actuales, esta disposición calendarizaría el próximo proceso para 2027 o 2028, adelantando y definiendo con mayor precisión su posible realización.
El camino legislativo por delante
Con el turno ordenado por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, la iniciativa ahora se encuentra en manos de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Estas comisiones serán las encargadas del análisis detallado, la posible celebración de foros de discusión y la elaboración de un dictamen. Dado que se trata de una reforma constitucional, el proceso requerirá de amplios consensos, ya que para su aprobación necesita el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en el Senado y posteriormente la ratificación por la mayoría de las legislaturas estatales. El debate pondrá sobre la mesa la eficiencia del gasto público local, los controles éticos en el gobierno y el balance de los mecanismos de democracia directa.
Con información de El Informador
