Plan B de Sheinbaum llega al Senado para recortar privilegios en INE y congresos locales
La iniciativa presidencial conocida como 'Plan B' fue enviada este 17 de marzo a la Cámara de Senadores. Según lo expuesto por la Secretaría de Gobernación, la propuesta busca modificar la Constitución y leyes secundarias para reducir privilegios, presupuestos y salarios en el Instituto Nacional Electoral y en los congresos estatales. El principio fundamental declarado es la 'austeridad republicana', estableciendo que ningún funcionario de estos órganos podrá percibir un ingreso superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum. La información preliminar indica que los ahorros generados se destinarían a obras de infraestructura pública.
Reforma constitucional con eje en la austeridad
El paquete legislativo presentado por el ejecutivo federal representa un esfuerzo por institucionalizar políticas de reducción de gasto en órganos electorales y legislativos estatales. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que la iniciativa tiene como principio rector disminuir lo que calificó como 'privilegios excesivos' en la función pública. Este movimiento se enmarca dentro del discurso de la Cuarta Transformación, que ha posicionado la austeridad como uno de sus pilares fundamentales de gobierno.
Límites concretos a estructuras locales
La propuesta establece parámetros numéricos precisos para las administraciones municipales y congresos estatales. En el ámbito municipal, se plantea un esquema que limita el número de regidores, con un mínimo de siete y un máximo de quince funcionarios por ayuntamiento. Adicionalmente, se propone restringir a una sola sindicatura por municipio. Para los congresos locales, el 'Plan B' introduce un tope presupuestal equivalente al 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa, buscando con ello un control estricto sobre el gasto legislativo estatal.
Reconfiguración de la remuneración electoral
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la reestructuración salarial en órganos electorales. La propuesta establece que consejeros, magistrados y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, así como de los tribunales y órganos electorales estatales, no podrán percibir ingresos superiores a los de la presidenta de la República. Según la exposición de la Segob, esta medida implica la eliminación de bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros beneficios adicionales que actualmente reciben estos servidores públicos.
Mecanismos de participación y destino de ahorros
El proyecto incluye un componente de participación ciudadana, aunque los detalles específicos sobre su operación constituyen información preliminar. Se menciona la posibilidad de que la ciudadanía pueda solicitar consultas después de tres o cuatro años de una administración en turno, con una fecha tentativa para su realización el primer domingo de junio de 2027 o 2028. Respecto a los recursos que se liberarían con estas medidas, las autoridades han señalado que los ahorros generados por la reducción de presupuestos en municipios y congresos locales serían canalizados hacia obras de infraestructura pública en los estados.
Proceso legislativo y alcances
La iniciativa llega al Senado de la República en un formato que combina reformas constitucionales con modificaciones a leyes secundarias, específicamente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este doble carácter implica que su aprobación requerirá mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y posterior ratificación por la mayoría de las legislaturas estatales para los cambios constitucionales. El debate se centrará en el equilibrio entre la austeridad propuesta y la autonomía funcional de los órganos afectados.
Contexto y expectativas
El envío de esta iniciativa ocurre en un contexto donde la relación entre el ejecutivo federal y el Instituto Nacional Electoral ha sido objeto de tensiones públicas recurrentes. La propuesta busca traducir el discurso de reducción de privilegios en cambios normativos concretos, afectando dos pilares del sistema político: los órganos electorales y los congresos locales. Su trámite legislativo será un termómetro de la dinámica política entre los poderes de la unión y de la capacidad de la administración actual para impulsar reformas estructurales en materia de gasto público.
Con información de El Informador
