Profeco aclara su alcance real en la vigilancia de la venta de tortillas
Tras la circulación de información errónea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una aclaración oficial. Se había difundido que la dependencia imponía multas de hasta 4 millones de pesos a establecimientos por vender tortillas almacenadas en hieleras o transportarlas en motocicletas. La institución federal precisa que carece de facultades para sancionar por motivos de sanidad, higiene o manejo de alimentos, competencia que corresponde a otras autoridades. Su labor se enfoca en garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, según lo establecido en el Acuerdo Maíz-Tortilla y la normativa correspondiente.
Desmintiendo sanciones fuera de alcance
La Procuraduría Federal del Consumidor se ha visto en la necesidad de rectificar una serie de afirmaciones que circularon en diversos medios. Según estas publicaciones, la Profeco habría iniciado una campaña de sanciones contra negocios que comercializan tortillas almacenadas en hieleras. El rumor, que atribuía a la institución la potestad de imponer multas millonarias por esta práctica, fue desmentido categóricamente mediante un comunicado oficial. La dependencia aclaró que, en ningún estado del país, cuenta con la atribución legal para multar a proveedores por cuestiones relacionadas con la sanidad, las condiciones de higiene o el manejo específico de los alimentos.
El origen del equívoco y las facultades reales
La información incorrecta parece haber tenido su origen en declaraciones atribuidas a un director de una Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en la zona Golfo-Norte. Estas declaraciones, que la Profeco ha señalado como erróneas, excedían el marco legal de la institución. La aclaración subraya una distinción fundamental en la regulación: mientras la vigilancia de la inocuidad y las buenas prácticas de manufactura corresponde a otras dependencias especializadas en salud y normatividad alimentaria, el ámbito de acción de la Profeco se circunscribe estrictamente a la protección de los derechos de las personas consumidoras en las transacciones comerciales.
El monitoreo efectivo: precios, pesos y transparencia
Lejos de las sanciones por higiene, la labor de vigilancia de la Profeco en el sector tortillero se concreta en aspectos comerciales clave. A través del instrumento conocido como Acuerdo Maíz-Tortilla, la procuraduría realiza un monitoreo constante de precios en más de 600 tortillerías, integradas en el programa 'Quién es Quién en los Precios'. Esta supervisión tiene dos pilares principales: garantizar que los precios estén debidamente publicados y sean visibles para el público, y asegurar que se respeten los precios exhibidos en el punto de venta. Adicionalmente, una función técnica crucial es la calibración periódica de las básculas utilizadas, con el objetivo fundamental de que se vendan kilos completos, protegiendo así al consumidor de posibles mermas en el peso.
El marco normativo para la masa y la tortilla
La actuación de la Profeco en este sector no carece de un sustento normativo específico. La institución también realiza verificaciones con base en lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002. Esta norma, que es de observancia obligatoria, establece las especificaciones sanitarias y de información comercial para los productos y servicios derivados de la masa, la tortilla y sus harinas. Si bien la norma incluye aspectos sanitarios, la participación de la Profeco se limita a la verificación de las disposiciones relativas a la información comercial y a las prácticas leales de comercio, siempre en coordinación con las autoridades sanitarias competentes para los aspectos de inocuidad.
El objetivo central: equidad en la relación de consumo
El comunicado de la Profeco culmina reafirmando su misión institucional fundamental. Su objetivo principal es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes entre proveedores y consumidores. En este contexto, su función va más allá de la mera vigilancia punitiva; incluye una labor de orientación dirigida tanto a los proveedores, para que conozcan y cumplan sus obligaciones, como a las personas consumidoras, para que estén informadas y puedan hacer valer sus derechos. La aclaración sobre las tortillas sirve, en última instancia, para delimitar con precisión su campo de acción y evitar expectativas o temores infundados entre los comerciantes y la población.
Con información de El Informador
