Reforma turística establece identificación obligatoria para prevenir delitos graves
El Congreso de la Unión aprobó una modificación a la Ley General de Turismo que impone la presentación de identificación oficial para acceder a servicios turísticos, incluyendo el transporte terrestre en centrales de autobuses. La diputada federal Merilyn Gómez Pozos destacó que la reforma, respaldada por todas las fuerzas políticas, busca fortalecer mecanismos de prevención contra la trata de personas, el abuso sexual infantil y las desapariciones. La legisladora explicó que la medida establece obligaciones tanto para usuarios como para prestadores de servicios, quienes deberán capacitar a su personal. La publicación en el Diario Oficial de la Federación es el último paso requerido para que entre en vigor.
Un nuevo marco de seguridad en el sector turístico
La reciente aprobación legislativa modifica los artículos 7 y 54 de la Ley General de Turismo, estableciendo un requisito de identificación que abarca desde el hospedaje hasta el transporte en sus modalidades aérea, terrestre y marítima. Esta medida representa un cambio estructural en la operación de servicios turísticos, alineando procedimientos en terminales terrestres con los controles ya existentes en aeropuertos. La reforma fue impulsada mediante iniciativas presentadas por legisladores de distintos partidos políticos, logrando un consenso poco común en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Prevención como eje central contra delitos graves
El objetivo declarado de la legislación es crear barreras administrativas que dificulten la comisión de ilícitos como la trata de personas y el abuso sexual infantil, además de generar un registro que pueda ser consultado en investigaciones sobre desapariciones. La diputada Gómez Pozos enfatizó que la aprobación se enmarca en la conmemoración del 8 de marzo, presentándola como parte de una agenda de protección. El mecanismo obliga a los prestadores de servicios a solicitar identificación oficial antes de proporcionar cualquier servicio turístico, creando un punto de control adicional en procesos como la compra de boletos de autobús.
Obligaciones extendidas para prestadores de servicios
La reforma no solo impone requisitos a los usuarios, sino que establece responsabilidades específicas para empresas turísticas. Estas deberán implementar programas de capacitación obligatoria para todo su personal, desde recepcionistas hasta conductores, enfocados en la sensibilización y detección de posibles delitos. Además, los prestadores deberán coordinar con autoridades de seguridad y mantener resguardada la información de identificación, disponible para consulta en caso de investigaciones. Este componente transforma a los empleados del sector en actores de prevención con conocimiento básico para identificar situaciones de riesgo.
Implementación en el transporte terrestre
En las centrales de autobuses, el proceso replicará el modelo aeroportuario: los usuarios deberán presentar identificación y boleto antes de acceder a las áreas de abordaje, y nuevamente al subir al vehículo. La diputada por Jalisco señaló que este control busca evitar desapariciones en el contexto de reclutamiento forzado, un problema particularmente sensible en varias regiones del país. La legisladora afirmó que esta reforma específica a la Ley de Turismo es suficiente para establecer la prohibición, aunque reconoció la existencia de otras iniciativas paralelas presentadas por diferentes actores políticos que abordaban el tema desde perspectivas de seguridad vial o movilidad.
Coordinación legislativa y próximos pasos
Al ser cuestionada sobre iniciativas similares presentadas anteriormente, como la de la diputada Claudia Salas de Movimiento Ciudadano o la anunciada por la presidenta municipal de Tlaquepaque, Gómez Pozos indicó no tener claridad sobre sus alcances específicos, pero afirmó que la reforma ya aprobada "blinda" el tema de la identificación obligatoria. La legisladora subrayó que la prohibición ya está establecida: no se podrá prestar servicio turístico sin presentar identificación oficial. El último trámite administrativo es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, momento en que la reforma entrará en vigor a nivel nacional.
Con información de El Informador
