Sheinbaum distingue desapariciones históricas de las actuales y anuncia cambio de modelo
La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció esta mañana que la situación de desapariciones en México sigue siendo dolorosa, pero afirmó que su Gobierno ha modificado el modelo de investigación tras el caso de Teuchitlán, Jalisco. Durante la 'Mañanera del Pueblo', Sheinbaum trazó una línea divisoria entre las desapariciones políticas de las décadas de 1970 y 1980, perpetradas por el Estado, y los incidentes actuales que, según dijo, están mayoritariamente vinculados a la delincuencia organizada. Entre las nuevas medidas destacó la apertura obligatoria de una carpeta de investigación al momento de la denuncia y el fortalecimiento de un sistema de alerta temprana. La Mandataria aseguró que el Estado actual tiene la capacidad de investigar y sancionar a sus propios elementos, distanciándose de las prácticas del pasado.
Un giro en la atención tras un caso emblemático
El caso de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, marcó un punto de inflexión en la estrategia gubernamental. En ese lugar, donde fue localizado un presunto sitio de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes por parte del crimen organizado, las autoridades identificaron la necesidad de un cambio estructural. A partir de ese momento, según explicó la Presidenta, se tomó la decisión de transformar el modelo de atención dirigido a los colectivos y familiares de las personas desaparecidas. Este ajuste no responde únicamente a un caso aislado, sino que busca institucionalizar una respuesta más ágil y comprometida ante un fenómeno que ha dejado una profunda huella en la sociedad mexicana.
La distinción fundamental: Estado vs. crimen organizado
Uno de los ejes centrales del discurso presidencial fue la insistencia en diferenciar dos épocas y dos responsables. Por un lado, Sheinbaum describió las desapariciones del pasado, específicamente de las décadas de 1970 y 1980, como actos de un Estado autoritario que persiguió y desapareció a luchadores sociales y opositores políticos. Por otro lado, caracterizó la situación actual como un escenario donde la mayoría de los casos están vinculados a los grupos delictivos y a la delincuencia organizada, reconociendo que existen otros motivos, como los pasionales, pero en una proporción menor. Esta distinción busca, según su perspectiva, contextualizar la naturaleza del problema y las respuestas institucionales requeridas en cada momento histórico.
Nuevos protocolos: investigación inmediata y alertas tempranas
El cambio de modelo anunciado se materializa en medidas concretas. La más destacada es la obligatoriedad de abrir una carpeta de investigación desde el mismo momento en que se presenta la denuncia por desaparición. Este paso, según Sheinbaum, cambia por completo el paradigma, ya que reconoce oficialmente el delito y establece la obligación legal de iniciar la búsqueda de manera inmediata. Paralelamente, se ha fortalecido un sistema de alerta que, una vez activada la denuncia, despliega notificaciones en puntos estratégicos como aeropuertos, puertos, instituciones bancarias y sistemas de transporte, con el objetivo de localizar a la persona en las primeras y cruciales horas.
Resultados y el desafío de la impunidad
La Presidenta señaló que, gracias a estos esfuerzos, muchas personas han sido localizadas, desmintiendo la idea de que un desaparecido nunca se encuentra. Mencionó que, en promedio, el proceso de ubicación puede extenderse hasta tres meses, pero afirmó que existen numerosos casos de localización con vida. Al ser cuestionada sobre las acusaciones de algunos colectivos respecto a la posible participación de fuerzas de seguridad en ciertas desapariciones, Sheinbaum defendió la capacidad del Estado actual para investigar y sancionar a sus propios elementos. Reiteró que, a diferencia del pasado, hoy no existe una política de Estado orientada a la desaparición de opositores, aunque el país sigue enfrentando una crisis con más de 130 mil personas no localizadas en los registros oficiales.
Con información de El Informador
