Sheinbaum propone decálogo electoral con cambios a plurinominales y financiamiento
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional denominada 'decálogo por la democracia', que contempla diez modificaciones al sistema electoral. Entre los puntos clave se incluye una transformación en la elección de los 200 diputados de representación proporcional, proponiendo que la mitad sea elegida por los candidatos no ganadores con mejor desempeño y la otra mitad de forma directa por la ciudadanía. La iniciativa también plantea una reducción del 25% en el gasto electoral del INE, los institutos estatales y los partidos políticos, junto con una mayor fiscalización de recursos de campaña. Otros aspectos abarcan la regulación de inteligencia artificial en propaganda, el inicio de cómputos distritales el día de la elección, mecanismos de democracia participativa, la eliminación del nepotismo y el fin de la reelección inmediata a partir de 2030. La mandataria rechazó que la propuesta represente un retroceso democrático. Al tratarse de una reforma constitucional, requerirá una mayoría calificada en el Congreso para su aprobación.
Una reforma estructural para el sistema de representación
El núcleo de la iniciativa presidencial radica en una reconfiguración profunda del mecanismo para elegir a los 200 diputados federales de representación proporcional. El modelo actual, basado en listas cerradas y bloqueadas definidas por las cúpulas partidistas, sería sustituido por un sistema mixto. Según la propuesta, 100 de estas curules serían asignadas a los candidatos a diputados de mayoría relativa que, sin haber ganado en sus distritos, obtuvieron los mejores resultados. La otra mitad, los 100 escaños restantes, serían designados mediante elección directa por la ciudadanía, aunque la información disponible no especifica el mecanismo concreto para esta elección directa.
Austeridad y control en el financiamiento político
En un contexto de creciente debate sobre los costos de la democracia, la reforma apunta directamente a la economía de los procesos electorales. Se establece un recorte del 25% en el financiamiento público que reciben el Instituto Nacional Electoral, los organismos electorales locales y los propios partidos políticos. Paralelamente, se anuncia un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión sobre los recursos y los topes de gasto de campaña. Este eje busca responder a una demanda ciudadana recurrente sobre el uso de recursos públicos en la contienda política, intentando equilibrar la necesidad de financiamiento con principios de austeridad.
Modernización y transparencia en las campañas
La iniciativa reconoce los nuevos desafíos que plantean las tecnologías digitales para la contienda electoral. Propone una regulación expresa para el uso de la inteligencia artificial en la propaganda política, exigiendo que cualquier anuncio de campaña producido con esta tecnología lleve un sello claramente visible que lo identifique como tal. Además, plantea una reducción en los tiempos oficiales asignados a los partidos en radio y televisión durante los periodos de campaña. En el ámbito operativo, se modificaría el calendario para que los cómputos distritales comiencen el mismo día de la jornada electoral, y no días después, aunque se mantendría intacto el sistema de PREP para resultados preliminares.
Participación ciudadana y límites al poder
Más allá de los ajustes técnicos, la reforma incorpora instrumentos de democracia directa. Establece que con la firma del 2% del listado nominal de electores se podrá solicitar la realización de una consulta ciudadana sobre obras o acciones de gobierno específicas. En el capítulo de límites al ejercicio del poder, la propuesta es contundente: prohíbe el nepotismo en la administración pública y elimina la posibilidad de la reelección inmediata para cargos de elección popular, siendo esta última medida efectiva a partir del año 2030. La presidenta Sheinbaum ha defendido integralmente esta agenda, argumentando que responde a peticiones ciudadanas y constituye un avance, y no un retroceso, para la democracia mexicana.
Con información de El Informador
