Sheinbaum propone límite constitucional a pensiones públicas exorbitantes en México
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional para establecer un tope máximo a las pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos. La propuesta busca limitar estas prestaciones a 70 mil pesos mensuales, equivalente al 50% del salario presidencial. La medida, presentada como parte del compromiso de austeridad y responsabilidad financiera, aplicaría tanto a pensiones futuras como a las ya otorgadas, aunque excluye a las Fuerzas Armadas y a los sistemas de ahorro voluntario. El gobierno argumenta que busca eliminar privilegios económicos y armonizar los esquemas de retiro con principios de equidad.
Un tope constitucional para las prestaciones de retiro
El Ejecutivo federal ha puesto sobre la mesa del Senado de la República una modificación al artículo 127 de la Constitución Política. El núcleo de la reforma es la implantación de un límite máximo para las jubilaciones y pensiones que se pagan con fondos públicos. El techo propuesto es de 70 mil pesos mensuales, una cifra que representa exactamente la mitad de la remuneración establecida para quien ocupa la Presidencia de la República. Esta iniciativa se enmarca en los principios de austeridad republicana que el gobierno actual ha promovido como eje de su administración.
Exclusiones y alcance de la medida
La propuesta deja fuera de este límite a varios sectores. Quedan excluidas expresamente las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Tampoco se aplicaría a las jubilaciones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, ni a las derivadas de aportaciones sindicales en esquemas complementarios. La pensión no contributiva a la que se refiere el artículo 4° constitucional igualmente queda al margen de esta restricción. Sin embargo, el tope sí sería aplicable al personal de confianza de una amplia gama de entidades paraestatales y empresas públicas, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
Fundamento en principios de equidad y responsabilidad
En la exposición de motivos, la presidenta Sheinbaum sostiene que el Estado tiene la obligación de garantizar que el ejercicio de los recursos públicos se realice con eficiencia, economía y honradez. Señala que algunas pensiones en el sector paraestatal se han apartado de estos principios, generando percepciones "desproporcionadas" frente al promedio de la población. La iniciativa se presenta como un esfuerzo por "ordenar y armonizar" los esquemas de retiro, buscando que sean justos, sostenibles y acordes con una administración pública moderna. Se recalca que no se eliminan derechos, sino que se busca su armonización con el interés general.
Retroactividad y sostenibilidad financiera
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es que el límite se aplicaría no solo a las pensiones futuras, sino también a las ya otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma. El argumento jurídico para esta aplicación retroactiva se basa en precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa sostiene que las reformas constitucionales pueden válidamente operar sobre actos del pasado sin transgredir el principio de irretroactividad de la ley, especialmente cuando se trata de la administración de recursos públicos. Esto busca corregir situaciones consideradas como privilegios económicos establecidos en el pasado.
Contexto en el Plan Nacional de Desarrollo
La propuesta se alinea con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que plantea la construcción de una República con trabajo y salario justo. Parte de esa visión implica avanzar de manera progresiva hacia mejores condiciones de retiro para la población en general. La iniciativa contra las "pensiones doradas" es presentada como un paso concreto para eliminar desigualdades profundas en el sistema de prestaciones públicas, priorizando la equidad y la responsabilidad en el uso del erario sobre beneficios considerados excepcionales para ciertos grupos.
Con información de El Informador
