¿Amenaza a la Transparencia en Sinaloa? La iniciativa de Rocha Moya en la mira

El reciente intento del gobernador Rubén Rocha Moya de modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa ha encendido alarmas entre las organizaciones civiles. A pesar de que su propuesta busca homologar las leyes estatales con las federales, las implicaciones de sus cambios podrían significar un retroceso significativo en el acceso a información pública, algo que muchos consideran un derecho fundamental en una democracia saludable.

Un cambio de rumbo que preocupa

El pasado 16 de abril, el Congreso del Estado de Sinaloa recibió una iniciativa de ley que busca modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta propuesta, firmada por Rubén Rocha Moya, ha sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS), que ha identificado al menos 20 puntos críticos que podrían comprometer el acceso a la información.

Según el análisis de ReCIAS, hay preocupaciones serias respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo reserve comprobantes fiscales y otros documentos que sustentan el gasto público. Esto, sumado a las ampliaciones de causales de reserva por razones de seguridad nacional y daños al interés público, podría permitir al gobierno actuar con mayor opacidad.

Una comparación inquietante

Hablando de esta problemática, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un país donde la información pública está restringida? En muchos sentidos, esta propuesta de Rocha Moya recuerda a otros momentos en la historia reciente de México, donde la falta de transparencia ha llevado a la corrupción y a la desconfianza ciudadana. La eliminación de la obligación de los partidos políticos y sindicatos por transparentar su financiamiento y actividades internas se siente como un paso atrás en el camino hacia una mayor rendición de cuentas.

En un país donde ya es difícil distinguir entre lo público y lo privado, ¿realmente necesitamos más sombras en la gestión pública? Estos cambios, según los críticos, no solo reducen el alcance del derecho de acceso a la información, sino que también generan un riesgo claro de regresividad en la transparencia.

La prisa, un signo de alarma

Interesantemente, la iniciativa se presentó en un momento de gran tensión para el gobierno de Rocha. Con acusaciones de narcotráfico en su contra, la rapidez con la que se ha movido esta propuesta ha dejado a muchos preguntándose si el objetivo es desviar la atención de la presión pública y las investigaciones que pesan sobre sus colaboradores.

El 21 de abril, apenas cinco días después de presentada, se dio la primera lectura; tres días después, la segunda. Esta rapidez parece más un intento de asegurar que la propuesta pase desapercibida entre las crisis que enfrenta el gobierno que una genuina necesidad de mejorar la transparencia.

Una falta de independencia preocupante

Otro aspecto alarmante del proyecto es la falta de independencia de los organismos que se encargarían de supervisar estas nuevas normas. La ausencia de mecanismos de participación ciudadana en el sistema propuesto deja entrever una intención de acallar voces críticas y limitar el control ciudadano sobre las acciones del gobierno. En un contexto donde la participación ciudadana es crucial para la democracia, este cambio podría tener un impacto negativo en el tejido social.

Las organizaciones como el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa han sido claras en señalar que los cambios propuestos no solo infringen el derecho a la información, sino que también amenazan con desestabilizar el sistema de rendición de cuentas. Con el aumento de los plazos para responder a solicitudes de información y la reducción de las obligaciones de transparencia, la situación se vuelve cada vez más inquietante.

¿Qué viene después?

Pensando en el futuro, queda claro que el debate sobre la transparencia en México está lejos de terminar. La iniciativa de Rocha Moya, además de ser un punto de conflicto en Sinaloa, podría servir como catalizador para un mayor diálogo sobre la importancia de la accesibilidad a la información en toda la nación. Con la presión de múltiples organizaciones civiles, la comunidad y los ciudadanos tendrán que estar alerta para asegurarse de que la transparencia siga siendo una prioridad.

“Este es un momento crucial para la democracia y la rendición de cuentas en Sinaloa. Cada voz cuenta y es fundamental que estemos atentos a las acciones de nuestros gobernantes.” - Activista local.

A medida que el proceso legislativo avanza, será esencial que la comunidad se mantenga informada y activa. En un momento en que la confianza en las instituciones está en juego, cada paso en la dirección correcta puede hacer una gran diferencia. Así que, ¿qué rol jugarás tú en este importante tema que afecta a todos los ciudadanos de Sinaloa?

Con información de El Informador