Oaxaca, el estado más letal para ambientalistas en México: un preocupante retrato

Recientemente, Oaxaca ha sido nuevamente catalogado como uno de los estados más peligrosos para los defensores ambientales en México. En los últimos tres años, cinco activistas han perdido la vida defendiendo su tierra y sus derechos. Esta situación no solo es una tragedia personal, sino que refleja un problema sistémico que afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Qué está pasando en este estado y por qué es tan difícil proteger a quienes luchan por el medio ambiente?

La alarmante realidad de Oaxaca

Durante el 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó una escalofriante cifra: 135 eventos de agresión a defensores ambientales, con 314 agresiones específicas. Comparado con el año anterior, donde se registraron 94 eventos, esto indica un aumento significativo en la violencia. En este contexto, Oaxaca ha sido el escenario de muertes trágicas, siendo cinco los defensores asesinados en los últimos tres años. Sin duda, esta espiral de violencia ha dejado a muchas comunidades en estado de alerta.

Pero, ¿qué lleva a que un estado con tan rica biodiversidad y cultura se convierta en un terreno tan hostil? Los informes del CEMDA sugieren que las agresiones no solo provienen de grupos criminales, sino también de agentes del gobierno. De hecho, más de la mitad de los eventos de agresión identificados tienen al gobierno como el principal agresor, lo que pone en evidencia una preocupante falta de protección y reconocimiento hacia aquellos que luchan por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.

El caso de Félix Vicente Cruz

Uno de los casos más emblemáticos es el de Félix Vicente Cruz, un defensor zapoteca asesinado el 13 de abril de 2023. Su trabajo como agente municipal en San Francisco Ixhuatán lo puso en la mira de quienes ven en la defensa de la tierra un obstáculo para sus intereses. Félix había estado involucrado en la resistencia contra el proyecto del Corredor Interoceánico, un megaproyecto que muchos consideran perjudicial para las comunidades locales. A pocos días de su asesinato, participó en bloqueos carreteros, dejando claro que su lucha era por los derechos de su comunidad.

La situación de Félix es un claro ejemplo de cómo los defensores ambientales son atacados por su valentía. Su legado, así como el de otros activistas que han perdido la vida, es un recordatorio doloroso de lo que enfrentan aquellos que se oponen a los intereses económicos que atentan contra la naturaleza.

La violencia sistemática contra defensores

El informe del CEMDA también resalta que la estigmatización y la intimidación son agresiones comunes que enfrentan los defensores ambientales. De hecho, más del 53% de las agresiones registradas en 2025 fueron de este tipo. Estas acciones se suman a un clima de miedo y desconfianza, en el que los activistas sienten que su vida y la de sus familias están constantemente en peligro. El caso de Noel López Gallegos, un activista hallado muerto en julio de 2023, ilustra esta realidad. López Gallegos, que se oponía a proyectos industriales en el Istmo, había sido reportado como desaparecido solo un día antes de su muerte, lo que deja entrever la situación de vulnerabilidad en la que operan estos defensores.

Lo curioso es que, a pesar de estos desafíos, la resistencia sigue viva. Organizaciones como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) han continuado su labor de defensa, a menudo a un alto costo personal. Adriana y Virginia Ortiz García, integrantes del MULT, fueron asesinadas en noviembre de 2024, lo que evidencia que el activismo no solo es peligroso, sino que las repercusiones pueden ser devastadoras.

Un ciclo de impunidad

La impunidad es otro factor que alimenta esta violencia. A menudo, los responsables de estos crímenes no enfrentan consecuencias. El caso de Arnoldo Nicolás Romero, un comisario ejidal encontrado muerto en enero de 2025, es un ejemplo claro de cómo la justicia es esquiva. Romero luchaba activamente contra la imposición de megaproyectos en su comunidad y su muerte quedó marcada por la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Decir que el sistema está fallando sería quedarse corto. Cada asesinato de un defensor ambiental no solo es una pérdida irreparable para la comunidad, sino también un mensaje de que la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente puede ser fatal. Esto evidencia que la lucha por la justicia ambiental debe ser acompañada de un compromiso real por parte del gobierno para proteger a quienes se arriesgan por el bien común.

Mirando hacia el futuro

En medio de este panorama sombrío, es fundamental preguntarnos: ¿qué se puede hacer para cambiar esta cruel realidad? La respuesta no es sencilla, pero empieza por reconocer el valor de los defensores ambientales. En un mundo donde el cambio climático y la degradación ambiental son cada vez más apremiantes, su labor es más crucial que nunca. Proteger sus derechos debe ser una prioridad no solo para el gobierno, sino para toda la sociedad.

La creación de políticas públicas efectivas que garanticen la seguridad de los defensores, así como la promoción de una cultura de respeto y reconocimiento hacia su labor, son pasos que deben tomarse de inmediato. Es un llamado a las autoridades para que actúen antes de que más vidas se pierdan en esta lucha silenciosa pero vital.

“Defender la tierra es defender la vida”, un mantra que resuena con cada historia de un defensor caído.

La historia de Oaxaca es la de un estado que, a pesar de sus retos, lucha por su identidad. Sin embargo, su futuro depende de cómo se protejan a quienes defienden su riqueza natural y cultural. Al final del día, sus vidas son un recordatorio de que el activismo ambiental no es solo una tarea, sino un compromiso con el presente y el futuro de todos. La batalla por la defensa ambiental en Oaxaca y, por extensión, en México, está lejos de terminar.

Con información de El Informador